“La Sierra Nevada de Chita, Guicán y Cocuy es un sitio sagrado de los seres que no mueren”
Esta zona se ha caracterizado históricamente por tener una vocación agrícola, artesanal, pesquera y ganadera, que posibilitó una variedad de experiencias organizativas socioeconómicas, pedagógicas y culturales administradas por los mismos campesinos. Prueba de eso fue la consolidación en 1991 de un proyecto social y económico de cooperativismo denominado como Cooperativa Integral del Cocuy COPIDELCO.
Sobre la Sierra nevada existe un creciente interés, representado en su importancia ecológica y en la presencia de diversos recursos minero-energéticos como el carbón, petróleo, agua, galena, sumideros de carbono, entre los más importantes. En consecuencia de esta situación se ha dado la presencia de empresas extractivas, que buscan la privatización de los nacimientos hídricos, la extracción de algunos minerales, madera y el monopolio de la actividad turística, con el fin de obtener un amplio margen de ganancias.
Esta economía de carácter extractivo ha desatado una serie de problemáticas socio ambientales, económicas y políticas a nivel nacional. En el marco de las provincia de Norte, Gutiérrez y Valderrama, se ven agudizados por la importancia estratégica de la estructura ecológica de la zona, afectando tanto a los pobladores locales como a las regiones que se ve favorecida por este reservorio hídrico.
Para el año 2002 con la puesta en marcha de la política de seguridad democrática, el ex presidente Álvaro Uribe declaró esta amplia región como zona de rehabilitación, y en consecuencia destinó un gran porcentaje del recurso militar a su consolidación. Este despliegue militar paralelamente se da en relación al desarrollo de los proyectos de extracción y explotación, a los cuales ya se ha hecho referencia.
Durante los últimos años hay una consideración de parte del Gobierno de que el tiempo de la violencia pasó, esta aparente calma y tranquilidad estuvo precedida por un proceso de pacificación que vulneró los acuerdos firmados por el Estado en materia de Derechos Humanos, enmarcados en el seguimiento y señalamiento permanente del movimiento social, detenciones arbitrarias de más de 250 personas, ejecuciones extrajudiciales, la destrucción de las economías populares y el desmembramiento del tejido social, por medio de tácticas como el bloqueo económico y la limitación de la movilidad de la población en sus parcelas.
Esta problemática es común en todo el territorio nacional, razón por la cual las organizaciones campesinas, obreras, indígenas, defensoras de derechos humanos, de mujeres, sindicales, juveniles y estudiantiles de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Casanare, Meta, Boyacá, Arauca, Tolima y Cundinamarca, nos hemos convocado con el objetivo de proponer escenarios de encuentro que posibiliten dinamizar los procesos organizativos de la región, en pro de recuperar y fortalecer el tejido social existente, confrontando las dinámicas extractivas y construyendo planes de vida desde las comunidades.
En este orden, denunciamos:
1. La estigmatización y obstaculización por parte de las autoridades civiles y militares para la realización del Foro Social Humanitario, por medio de la negativa de facilitar escenarios de trabajo, la presión permanente de agentes de la fuerza pública encubiertos, la intimidación por parte del ejército a los pobladores y comerciantes para que no participaran y colaboraran en el evento, la distribución de panfletos anónimos, la intención del gobierno local en coartar cualquier otro tipo de expresión diferente de la institucional, entre otros.
2. Los abusos cometidos frente a los territorios indígenas, representados en la ubicación de bases militares en lugares sagrados sin procedimientos adecuados, la falta de información, concertación y consulta previa. En este sentido nos solidarizamos con el pueblo U´wa de los 5 departamentos del Centro Oriente, así como con los indígenas del Cauca que en este momento están siendo atropellados en su derecho al autogobierno sobre el territorio.
3. La militarización de la vida civil como respuesta recurrente del Estado a los problemas estructurales de las provincias.
4. La presencia de Empresas Transnacionales y Nacionales que operan bajo lógicas de explotación, causando grandes impactos ambientales, sociales, económicos y culturales, patrocinando formas de violencia en contra de la población.
Exigimos:
1. El derecho a la reconstrucción de la memoria colectiva que permita la reivindicación de los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de los hechos de violencia política ocurridos en la región.
2. La investigación de los casos de violaciones de DDHH denunciados en el contexto del Foro Ambiental y Humanitario.
3. El respeto al territorio y los recursos naturales, especialmente el agua que es la parte vital de la madre naturaleza y el ser humano.
4. Finalmente, manifestamos nuestro compromiso político, como Organizaciones Sociales del Centro Oriente Colombiano, en el proceso de recuperación de memoria y reconstrucción del tejido social de la región.
